El FROB no desinvirtió en Bankia por la fusión y por el impacto de la pandemia en la valoración del sector
El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) descartó desinvertir en Bankia debido al proceso de fusión con CaixaBank, a las valoraciones del sector bancario afectadas por la pandemia de Covid-19 y por la presión del entorno de tipos bajos de interés, según se detalla en su Memoria de Actividades de 2020.
En concreto, explica que durante 2020 se analizó «continuamente» la situación del mercado, apoyándose, además, en los análisis de los bancos de inversión que forman parte de un panel seleccionado al efecto y en la opinión experta de su asesor.
«La conclusión de dicho análisis ha sido que, debido a que la entidad estaba en medio de un proceso de integración en CaixaBank, que las valoraciones de mercado del sector bancario se han visto afectadas por la pandemia y sus efectos sobre la economía y continúan sometidas a la presión del entorno de bajos tipos de interés, no se han dado las condiciones adecuadas para proceder a una nueva operación de venta de títulos», señala al respecto.
Así, el organismo considera como ‘gran hito’ de 2020 la fusión entre Bankia donde el org-anismo tenía una participación de más del 61% a través del grupo BFA- y CaixaBank. En la actualidad, el Frob retiene un 16% del capital social de la nueva entidad resultante de la operación.
Además, recuerda el nombramiento de Teresa Santero Quintillá como consejera dominical de BFA en el consejo de administración del banco fusionado.
Caso popular
Asimismo, el FROB recoge las novedades en la resolución europea sobre el ‘caso Popular’. En concreto, recuerda que el 18 de marzo de 2020 la Junta Única de Resolución (JUR) adoptó su decisión final por la cual concluyó que los accionistas y acreedores de Banco Popular «no recibieron peor tratamiento» como consecuencia de la decisión de resolución de la entidad adoptada por la JUR el 7 de junio de 2017 que el que habrían recibido si la entidad hubiera sido liquidada conforme al procedimiento concursal ordinario español.
Sobre esta base, la JUR decidió también que los accionistas y acreedores afectados por la referida decisión de resolución «no tenían derecho a indemnización» por parte del Fondo Único de Resolución.
El FROB recuerda, sin embargo, que sigue pendiente la tramitación de los procedimientos mediante los que se recurre la resolución del organismo del 7 de junio de 2017, por la que se adoptaron «las medidas necesarias para ejecutar la decisión de la JUR sobre la resolución del Banco Popular Español».
Esos recursos continúan suspendidos en espera de que recaiga una resolución definitiva en los recursos de anulación formulados contra la decisión de la JUR y que dependen del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE).
Banco Valencia
Por otro lado, ha informado de que debía abonar a CaixaBank 16,7 millones de euros antes del 30 de junio de 2021 en virtud del Esquema de Protección de Activos (EPA) de Banco Valencia, absorbido por la entidad catalana en 2012.
En la memoria explica que el 27 de noviembre de 2012, el FROB concedió un EPA al comprador de Banco de Valencia, Caixabank, con vencimiento el 30 de septiembre de 2022, por el que se cubre el 72,5% de las pérdidas que puedan derivarse de una cartera cerrada de activos que ascendía inicialmente a 6.424 millones de euros, con un umbral de primera pérdida por importe de 402 millones de euros. Sin embargo, como consecuencia de dos reducciones y una subsanación de perímetro realizadas en abril y agosto de 2013 y en octubre de 2016, respectivamente, estos importes pasaron a ser de 5.192 millones de euros y 212 millones de euros, respectivamente.
En la memoria informa de que en el ejercicio 2020 se han liquidado pérdidas netas por importe de 23 millones de euros. En tanto que el umbral de primera pérdida fue consumido al cierre del ejercicio 2017, estas pérdidas incurridas suponen que el FROB debe abonar a Caixabank, de acuerdo con el ‘Protocolo de Medidas de Apoyos Financieros en el marco del Plan de Resolución de Banco de Valencia’, 16,7 millones de euros antes del 30 de junio 2021.
Este importe se suma a los 112,5 millones de euros que, a 31 de diciembre de 2020, el organismo había abonado a Caixabank por la garantía del EPA.
Por otra parte, la memoria señala que desde el inicio del EPA se han percibido cerca de 3,1 millones de euros en concepto de comisión anual del mismo.