El Congreso de los Diputados aprueba la reforma de Ley de la Cadena en plena agitación del campo


¡Habemus Ley de la Cadena Alimentaria! El Congreso de los Diputados ha dado luz verde definitiva este jueves a las enmiendas del Senado a la reforma de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, conocida como ‘Ley de la Cadena’. De esta forma, finaliza el trámite parlamentario y la Cámara Baja pone fin al proceso de reformas iniciado a principios de 2020 como consecuencia de las históricas movilizaciones de agricultores y ganaderos por toda España. La renovada norma, que adapta la directiva europea sobre prácticas comerciales, consagra la prohibición de que los productores vendan por debajo de sus costes de producción e introduce excepciones para el caso del plátano de Canarias, enfrentado a la dura competencia de las multinacionales bananeras y sus bajos precios. Además prohibe la venta a pérdidas, regula las promociones comerciales y refuerza el rol de la AICA (Agencia de Información y Control Alimentarios).

El ‘sí’ del Congreso llega en plena agitación del campo, cuando falta poco para conocer el calendario de las manifestaciones impulsadas por las principales organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA contra la escalada de costes de producción y exigiendo que la nueva norma se aplique de forma rigurosa. Precisamente al despliegue de esta Ley, pionera en la Unión Europea cuando fue aprobada en 2013, se encomienda el ministro de Agricultura Luis Planas como principal medida para solucionar la difícil situación que atraviesa el campo español. Este jueves, en una breve intervención ante el Pleno, Planas ha destacado que esta Ley «marca un antes y un después en la regulación en la cadena alimentaria» y lo ha considerado como «un avance importante» para el sector. A pesar de lo cual, ha reconocido que la nueva norma «por sí sola no va a garantizar que todos los preoblemas queden resueltos», pero espera que sea útil para las actuales relaciones comerciales.

Menos optimistas se han expresado tanto desde la oposición (PP, Ciudadanos y Vox) como desde los socios del Ejecutivo. Mientras el ‘popular Joaquín María García aseguraba que las grandes promesas de la reforma «van a ser incumplidas», ya que su regulación «no garantiza un euro», el diputado de ERC Xavier Eritjá ya aseguraba que «tocará volver a reformarla». Por su parte, el presidente de la Comisión de Agricultura y diputado del PNV Joseba Agirretxea reconocía «un sabor agridulce» con la norma y constataba que las cuestiones de fondo no se han podido solucionar.

De igual modo, al año de la entrada en vigor de la reforma se prevé a los seis meses de su vigencia, el Ministerio de Agricultura publique los criterios sobre los diferentes factores que intervienen en los costes de producción de productos agrarios y pesqueros y que al primer año de su vigencia, este Ministerio elabore un informe sobre la aplicación de esta norma.

Precios por encima de los costes de producción

En concreto, la norma consagra la modificación introducida al calor de las ‘tractoradas’ de inicios de 2020 por las que los productores no podrán recibir remuneraciones por debajo de sus costes de producción. En el proceso parlamentario se han introducido matices para un sector tan particular como el del Plátano de Canarias, que verá flexibilizada esta obligación ante la fuerte competencia de las multinacionales productoras de bananas cuya mercancía es colocada en el mercado español a precios muy bajos.

No es la única novedad. La nueva regulación también prohibe, en su transposición de la legislación europea, prácticas como la venta a pérdidas, los aplazamientos de pagos de productos agrícolas o alimentarios que excedan el plazo legal y la anulación de pedidos dentro de los 30 días previos a su entrega. Además regula las promociones comerciales para que sean de mutuo acuerdo entre proveedores y distribución.

Una AICA reforzada

En otro capítulo, la norma refuerza el rol de la de la AICA (Agencia de Información y Control Alimentarios) no solo desde el punto de vista sancionador, ampliando los supuestos, sino que convierte a este organismo en la principal interlocutora ante las autoridades europeas.

EFE

El sector Agroalimentario, en cifras

La actividad desarrollada por agricultores, ganaderos y pescadores, además de todas la industria de transformación más la distribución representa un 10% del PIB nacional aproximadamente. En términos de emploe, aporta unos 2,6 millones de puestos de trabajo de los que más un millón se ncuentra en la distribución, unos 712.000 en la producción y unos 460.000 en la industria agroalimentaria.

En términos de exportación, hasta agosto de 2021 vendió el sector agroalimentario vendió al exterior por valor de 57.444 millones de euros. Lo que representa un 8,1% más que en el mismo periodo del año anterior y una aportación positiva a la balanza comercial de cerca de 20.000 millones de euros. España es el cuarto mayor exportador agroalimentario de la UE y el octavo del mundo.

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