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Saturday, June 12, 2021

Disparates ante las urnas


Mientras millones de españoles acuden desde primera hora de la mañana a votar, las urnas tiemblan ante el impacto económico que tendrían ciertas propuestas electorales. Del dicho al hecho hay un trecho, y algunos líderes políticos ahora dicen Diego donde antes dijeron digo. Los disparates se han entremezclado con los brindis al sol, pero conviene no hacer experimentos si no son con gaseosa.

España crece en la actualidad a un ritmo próximo al 3% interanual, aunque una gran subida de impuestos y un aumento brutal del gasto público, como proponen Unidos Podemos y PSOE, podrían ser negativos tanto para el crecimiento como para la consolidación del déficit. Además, algunos de los vientos de cola que han propiciado el despegue de la economía –como los precios baratos del petróleo– ya no tendrán los mismos efectos. La inestabilidad política pesará en los dos factores que componen la demanda: la inversión y el consumo. Así, el mayor riesgo político en el momento actual es la complacencia. Y es que el dinamismo económico no constituye un rasgo estructural ni mucho menos asegurado para el próximo Gobierno, sino que requiere seguir avanzando en la corrección de los principales desequilibrios acumulados, que todavía persisten y aportan vulnerabilidad.

A partir del escenario inicial que prevé el consenso de los servicios de estudio sobre el comportamiento de la economía española –en el gráfico se refleja el del FMI–, y según cálculos realizados por Javier Santacruz, profesor del IEB, el único Gobierno que podría mejorar las previsiones sería el presidido por el PP con el apoyo de Ciudadanos, ya que garantizaría la continuidad de la política económica con una filosofía pro-mercado y de no ruptura con Bruselas. Con este Ejecutivo, la economía podría crecer en el primer trimestre del próximo año un 2,8%, muy por encima del 1,3% que registraría el crecimiento del PIB con un Gobierno formado entre PSOE y Unidos Podemos. El peor de los escenarios sería que gobernara la izquierda radical, con o sin el apoyo del PSOE. De marcado carácter anti-mercado, Unidos Podemos «revertiría el proceso reformista introduciendo incertidumbre y ahuyentando la inversión extranjera, incluidos los turistas, con más impuestos y más regulación».

El Gobierno saliente de las urnas debe realizar «un ejercicio de valentía para ahondar en los esfuerzos fiscales, en la reducción del desempleo y en la mejora de la competitividad». Javier Flores, responsable del Servicio de Estudios y Análisis de la Asociación Europea de Inversores Profesionales (Asinver), explica que el agotamiento progresivo de algunos factores transitorios que apoyaron el crecimiento reciente (laxitud fiscal, bajos precios de la energía…) redundará en una moderación gradual de las tasas de crecimiento en el corto y medio plazo, haciendo si cabe más necesario un liderazgo político capaz de impulsar la transformación económica.

Desfase presupuestario

El déficit público cerró 2015 por encima del 5%. Este año debería bajar hasta el 3,7%, y cuadrar las cuentas tendría que ser una prioridad para ganar credibilidad ante los inversores. Así, el próximo Gobierno deberá realizar un ajuste extra superior a los 8.000 millones de euros para evitar recibir una sanción de hasta 2.000 millones por el incumplimiento. Sin embargo, PSOE, Ciudadanos y Podemos plantean abiertamente incumplir el déficit bajo la premisa de que negociarían con Bruselas más prórrogas. Mientras que Podemos aumentaría el gasto durante la legislatura en 60.000 millones de euros, el PSOE lo haría hasta en un máximo de 20.000 millones de euros, Ciudadanos lo incrementaría en 10.000 millones de euros y el PP en unos 2.000 millones de euros, aproximadamente. Pero ninguno de los partidos explica cómo financiará dichas cantidades, más allá de generalidades o de referirse a la lucha contra el fraude. «Todas las formaciones llevan en sus programas un incumplimiento implícito del objetivo de déficit y un incremento de la deuda pública, lo cual no puede sino deteriorar la situación de las cuentas públicas y dar lugar a una merma de recursos por cuanto significará un incremento del coste del servicio de la deuda y un empeoramiento de las condiciones financieras». Flores revela que todos anuncian que negociarán y reducirán la tutela de Bruselas sobre nuestra economía, pero será lo contrario. «Los programas electorales son una invitación a la vuelta de la troika», advierte.

Santacruz calcula que el coste del déficit en España es de unos 400 euros por persona al año. Y algunas de las propuestas de incremento de gasto resultan ciertamente comprometidas, ya que serían insostenibles desde un punto de vista fiscal. Aunque Unidos Podemos haya reducido el incremento del gasto público desde los 96.000 millones de euros hasta los 60.000 millones, la renta mínima garantizada, por ejemplo, es inviable al analizar su impacto presupuestario, al margen de desincentivar la búsqueda de empleo, de reducir la productividad de la economía si no se concede únicamente a aquellas personas que en realidad se encuentran en riesgo extremo de exclusión social y lastrar el crecimiento. Y es que garantizar un ingreso mínimo lo suficientemente cercano al sueldo medio de los hogares más pobres llevaría a que millones de asalariados dejaran de querer trabajar y redujeran sus gastos a la prestación estatal. En definitiva, pan para hoy, hambre para mañana.

Los partidos de izquierda proponen una «renta mínima» complementaria hasta el entorno de los 900 euros del salario mínimo. Con un coste próximo a los 12.000 millones de euros el planteamiento de Podemos y una cifra superior a 8.000 millones para el PSOE, Santacruz calcula que se necesitaría una subida de impuestos de un 1% del PIB para cuadrar medianamente la financiación de este nuevo gasto. Asimismo, advierte de que ampliar la prestación por desempleo a parados de más de 45 años todos los años que estén sin encontrar trabajo resulta preocupante en términos de gasto. «Esta propuesta del PSOE introduce un incentivo muy perverso a la hora de buscar trabajo e incentivaría tanto la economía sumergida como la baja productividad del trabajo», afirma.

Subidas salariales

Los incrementos salariales propuestos por PSOE y Unidos Podemos atentarían contra el mercado laboral y destruirían todos aquellos empleos que reportan poco margen de beneficio. Los de Pedro Sánchez prometen subir un 4% el salario mínimo interprofesional para, posteriormente, aprobar incrementos anuales y conseguir, en dos legislaturas, un sueldo mínimo de al menos el 60% del salario medio en España. Unidos Podemos, por su parte, también propone un aumento gradual del SMI hasta alcanzar los 800 euros mensuales en 14 pagas al final de los dos primeros años de legislatura, que terminaría con un salario mínimo de 950 euros al mes. Sin embargo, los incrementos salariales forzosos pueden tener una importante repercusión en despidos y cancelación de planes de contratación, por lo que aquellos empleados cuyas habilidades no fueran suficientes para justificar esos aumentos de sueldo perderían su puesto de trabajo.

Tres de los cuatro partidos (PSOE, Ciudadanos y Podemos) acometerían una subida del gasto público total que excede lo que se recauda cada año por IVA. Y aunque el denominador común sea un mayor presupuesto para Educación, Santacruz recuerda que las competencias en esta materia están transferidas a las comunidades autónomas. «Promesas como gastar 1.000 euros más por alumno, como propone Ciudadanos, o la bajada de las tasas universitarias que plantea el PSOE quedan en papel mojado, debido a la falta de aplicabilidad práctica. Todo ello es competencia autonómica y podría suponer una violación de la autonomía universitaria», agrega el profesor.

En materia de impuestos e ingresos públicos, Ciudadanos y PP prometen que no habrá subidas del IRPF. Incluso aseguran que bajarán los tipos marginales a lo largo de la nueva legislatura, siempre y cuando la evolución de la recaudación lo permita. Los populares defienden que es posible bajar impuestos y reducir el déficit, ya que las rebajas de IRPF incrementan la renta disponible, lo que aviva el consumo, impulsa la contratación y ensancha la base de cotizantes.

Santacruz sostiene que mientras Unidos Podemos subiría el IRPF a las rentas superiores a 60.000 euros, y aunque crean que la recaudación aumentaría, en los años de crisis se han perdido más de 300.000 contribuyentes con rentas por encima de ese umbral. Los expertos opinan que una subida de impuestos a las rentas más altas, como propone la izquierda, no ayudaría a cuadrar el déficit, porque apenas tendría impacto en los ingresos fiscales, podría reducir el número de declarantes –que se refugiarían en algún paraíso fiscal– y constreñiría la economía.

La subida de las pensiones y la problemática del déficit de la Seguridad Social es otro de los denominadores comunes entre PSOE y Podemos. Mientras que el PP plantea dejar exentos de cotización los primeros 500 euros de coste laboral (existe una base de cotización mínima de 1.067,40 euros para licenciados y titulados), PSOE y Ciudadanos plantean ajustar el pago de cotizaciones de los autónomos a sus ingresos reales y Unidos Podemos abiertamente propone una subida de las cotizaciones junto con las bases máximas de cotización. El profesor del IEB avisa de que este «hachazo social» convertiría a España en campeona mundial en impuestos al trabajo. «Penalizaría aún más la generación de riqueza a través del trabajo y desincentivaría la productividad para recaudar poco más que 5.000 millones ‘‘one-shot’’ en el mejor de los casos. El problema del déficit de la Seguridad Social no se arregla con más impuestos, sino adecuando el gasto en pensiones al dinero disponible y a la evolución de la esperanza de vida. Lo pueden agravar propuestas como la de revalorizar anualmente el gasto en pensiones con la evolución de los precios al consumo, como se hacía antes de 2012», apostilla.

El PSOE propone crear un impuesto para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones, pero son muchos los que avisan de que se trata de una subida de la carga fiscal camuflada que terminaría cayendo sobre la clase media y los propios jubilados, porque los trabajadores y pensionistas de rentas bajas empezarían a tributar.

Capítulo especial merece el llamado «IVA cultural». PSOE y Podemos plantean reducir el de cines, teatros y otros espectáculos al nivel de otras actividades culturales. Santacruz señala que más que la pérdida de recaudación, que no es excesivamente preocupante, lo más importante es que agrava el problema de la «regresividad» del IVA en el tipo reducido del 10%.

Flores sostiene que ninguno de los programas electorales muestra un compromiso con el control del déficit y la reducción de la deuda pública. «Todos los partidos, ya sea por la vía de incrementar el gasto o por la reducción de la presión fiscal, se han abonado al discurso de la flexibilización del cumplimiento de los objetivos de déficit como antesala de su directo incumplimiento». Y si los partidos de izquierda justifican la viabilidad de las subidas de gasto que proponen con un hipotético aumento de la recaudación, la media de error en las estimaciones de ingresos fiscales en España es de un 1% del PIB en el primer año, del 1,6% en el segundo y del 1,8% en el tercero. Aun así, otro de los denominadores comunes es la mayor dotación de medios para la Agencia Tributaria y demás organismos públicos dedicados al control del fraude fiscal. Para Ciudadanos lo más importante es incrementar un 10% la plantilla de jueces, magistrados, fiscales e inspectores de Hacienda, y Podemos propone un aumento de gasto en esta partida aún mayor, que alcanza los 700 millones en costes fijos.

Suministro energético

Con respecto al suministro energético, hay dos propuestas ciertamente contrapuestas. Por un lado, Podemos plantea un sistema de nacionalización de la generación amortizada (nucleares e hidroeléctrica) y más gasto en forma de subvenciones y congelaciones de tarifas para las familias de menor poder adquisitivo, y que en muchos casos acumulan cortes de suministro por impagos de recibos. Por el otro, Ciudadanos propone ahorrar hasta 411 euros por hogar en la factura de una forma que no conocemos, pero en la que alude al «capitalismo de amiguetes». Lo que no plantea ningún programa, lamenta Santacruz, es la retirada de la factura de todos aquellos costes ajenos al sistema eléctrico, y que son equivalentes a un 50% del total. Si, además, se acomete una nueva subida de los Impuestos Especiales, como proponen algunos de estos partidos, el coste energético se encarecerá aún más sin haber conseguido una verdadera interconexión entre nuestro país y Europa.

«España sigue siendo una isla energética y muy vulnerable ante posibles tensiones en las fuentes de energía». Santacruz considera que el programa del PP incide en los viejos errores en esta materia, como es la «congelación» de la parte regulada del recibo de la luz. Y añade que la solución no es congelar, sino quitarla directamente y pagarla vía Presupuestos Generales del Estado.

El gasto en I+D y la inversión en ciencia adquieren un papel protagonista en los programas. Después de que España sea el país que menos gasta en I+D sobre PIB, Ciudadanos, PSOE y Podemos plantean aumentar en casi 7.000 millones el gasto, hasta llegar al 2% del PIB en 2017, desde el actual 1,4%. El profesor del IEB revela que la filosofía es muy similar: crear nuevos organismos públicos que duplican la burocracia y el coste, pero que tienen altas probabilidades de fracaso. «El Estado se atribuye la arrogancia de saber mejor que el sector privado qué sectores van a ser los innovadores y cuáles merecen más inversión pública». Y pese a que el PP también defienda más gasto en I+D, en la última legislatura la financiación de los actuales organismos públicos de investigación se ha reducido y eso sí que es un problema en términos de creación de patentes, acuerdos público-privados y producción científica.

El sector bancario español, debido a la bajada de tipos, ha estrechado de manera significativa sus rentabilidades, por lo que ha pasado a ser más frágil y endeble. Así, señalar a la banca y anunciar el endurecimiento de sus parámetros de negocio o elevar su carga fiscal puede parecer razonable desde el punto de vista discursivo, pero como consecuencia de la dependencia y existencia de vasos comunicantes entre banca y Estado, debilitar a la banca es debilitar al Estado, supone alterar el canal de transmisión del crédito y disminuir el propio alcance de las políticas monetarias. «España no necesita una banca pública, como propone Podemos. Requiere una banca privada con vocación de servicio público», destaca Flores.

El PSOE, por su parte, abunda en la idea de canalizar crédito público a través del ICO, pero esto ya se intentó y fue un absoluto fracaso con impagos del 35% de las operaciones.

Source: The PPP Economy

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