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Wednesday, October 27, 2021

Consejeros de Caja Madrid acusan a Bankia de lograr los datos de las "black" de forma ilícita


Las defensas de varios consejeros de Caja Madrid han presentado recursos de reforma contra el auto del juez Fernando Andreu de 23 de diciembre pasado por el que se propone juzgar a 66 directivos y consejeros de Caja Madrid y que puso fin a la instrucción del caso abierto por el uso de las denominadas «tarjetas black» en la entidad financiera entre los años 2003 y 2009. Entre los razones que argumentan en sus solicitudes destacan que su emisión era completamente legal, que Hacienda conocía los gastos, que éstos eran un complemento retributivo y que en ningún caso se puede relacionar su disfrute con un caso de administración desleal. Pero por encima de todos estos razonamientos destaca un argumento en el que todos insisten: Bankia no tiene legitimidad alguna, en su opinión, para difundir datos de Caja Madrid, que no heredó cuando las siete cajas de ahorros que dieron origen a BFA y Bankia traspasaron a éstos sus negocios bancarios. Las defensas de Estanislao Rodríguez-Ponga y Pedro Bedia Pérez, consejeros no ejecutivos de Caja Madrid, hablan de obtención ilícita de los datos difundidos a través de unas hojas en formato Excel, toda vez que el heredero universal de Caja Madrid es en la actualidad la Fundación Montemadrid.

¿Quién heredó los datos?

Según el recurso presentado al Juzgado Central de Instrucción Número 4 por la defensa de Pablo Abejas, miembro de la comisión de Control de Caja Madrid, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, no se «puede reconocer ni la cuantía ni el contenido de los gastos supuestamente realizados por mi mandante, pues los mismos no están acreditados y la certificación que se presenta como prueba está realizada por una entidad totalmente ajena a la Fundación, legítima dueña de dichos datos y heredera universal de Caja Madrid». En opinión de la defensa, la hoja Excel «está corrompida», pues recoge gastos de Caja Madrid, las otras seis cajas de ahorros que dieron origen a Bankia (las de Ávila, Segovia, La Rioja, Laietana, Insular de Canarias y Bancaja) y la propia Bankia que, lógicamente, nada tiene que ver entre sí.

LA RAZÓN ha tenido también acceso a los recursos presentados por las defensas de los consejeros no ejecutivos Estanislao Rodríguez-Ponga, Pedro Bedia y Jesús Pedroche y al informe pericial jurídico-económico del proceso de segregación de Caja madrid y su transformación en fundación de carácter especial que ha dado origen a los recursos de reforma presentados contra el auto del juez Andreu. El informe pericial fue solicitado por las defensas de varios consejeros y encargado al Colegio de Economistas, que indicó el nombre de tres peritos por turno profesional para realizar el mismo, aunque al final se encargara de él Didier Pascal Mersch Martín. El texto del mismo fue entregado hace justamente un mes y en él se concluye que el «hecho de que Caja Madrid siguió existiendo con personalidad jurídica propia durante y tras los dos procesos de segregación conlleva a que ésta mantuviese su propia contabilidad y toda la documentación soporte correspondiente a la misma, en relación con los activos y pasivos que nunca traspasó, entre los que estaban sus órganos de gobierno y todos los gastos asociados a los mismos…».

Sobre la base de estas conclusiones del perito economista, la defensa de Jesús Pedroche asegura que los gastos de las tarjetas de los consejeros no ejecutivos se siguieron cargando en 2011 y 2012 (después de la segregación) a Caja Madrid, porque la cuenta a la que estaban vinculados no fue segregada ni a favor de Bankia ni a a favor de BFA. La defensa de Pedro Bedia habla de «obtención ilícita, pues Bankia no está legitimada para acceder y difundir datos de Caja Madrid» al contravenir la Ley de Protección de Datos. La de Estanislao Rodríguez-Ponga sostiene también que «habría sido obtenida ilícitamente por la auditoría interna de Bankia». Los abogados de Pablo Abejas insisten también en que Bankia «no heredó los órganos de Gobierno de Caja Madrid y por tanto no heredó ni sus gastos ni las tarjetas».

Una remuneración más

Los abogados defensores de estos consejeros insisten al juez Andreu en la confusión creada en la instrucción con los cinco tipos de tarjetas de representación que existían en la entidad en función del cargo de los beneficiarios y en el sostén legal de las mismas y el estatutario. Todos hacen referencia al acuerdo del consejo de administración de mayo de 1988, a la LORCA y a la Ley de Cajas de la Comunidad de Madrid.

Hay coincidencia también en que las tarjetas de los consejeros no ejecutivos se entregaban como una remuneración más, un complemento retributivo, porque ninguno de ellos participó ni tuvo la idea de su creación, concepto que, en sus opiniones, hace desvanecerse la acusación de administración desleal. Otro argumento que emplean es el hecho de nunca Caja Madrid rechazó ningún gasto presentado por los consejeros ni se realizó ninguna reclamación de importes ni se presentó denuncia alguna.

Todos los abogados defensores coinciden asimismo en que no hubo ningún perjuicio para Bankia en su valoración de salida a Bolsa. La defensa de Pablo Abejas niega tambien que la cantidad manejada (25.000 euros anuales durante los seis años que fue consejero) pudieran haber afectado a la seguridad del tráfico mercantil o la economía nacional.

Source: The PPP Economy

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