The PPP Economy

La primera reunión de los principales bancos acreedores con KPMG, la firma de consultoría y auditoría que ejerce de «enlace» entre las entidades y Abengoa, no sirvió ni siquiera para empezar a aclarar la situación financiera de la compañía. De hecho, la firma de origen norteamericano solicitó el lunes a la dirección de la empresa energética que aportara información sobre su volumen total de deuda, y hasta el día de ayer ésta se negó a facilitarla, según informan fuentes financieras a LA RAZÓN.

Al encuentro no asistieron representantes de Abengoa, pero sí estuvieron miembros del despacho Uría y Menéndez, de KPMG y de los bancos acreedores, según las mismas fuentes. De hecho, ante la negativa de la empresa a facilitar su volumen total de pasivo, algunas entidades comienzan a pensar que los gestores realmente no saben cuánta deuda tiene la empresa.

Esta negativa de la compañía a informar sobre su volumen total de pasivo impactaría de forma directa contra las obligaciones de información que establece la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El regulador obliga a las empresas cotizadas (en el caso de Abengoa, lo hace por partida doble) a desglosar su información financiera con carácter semestral.

Muchas de las demandas que ya se están registrando en los juzgados contra la empresa controlada por la familia Abengoa son por posible falsedad documental. Los accionistas minoritarios de la empresa, agrupados en torno a la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec), anunciaron ayer que demandarán a la firma por la vía civil y a su consejo de administración por «daños y perjuicios».

El secretario general de Aemec, el abogado Javier Cremades, solicitó ayer a la CNMV que «se posicione» sobre la crisis de la compañía. El letrado apuntó que el regulador que preside Elvira Rodríguez es «el policía que debía haber avisado del riesgo». «Su presidenta es un cargo que ha nombrado el Gobierno», dijo Cremades, que cifró en cerca de 50.000 el número de accionistas expuestos a una posible quiebra de la empresa energética.

El despacho Yvancos Abogados también presentó en nombre de accionistas y bonistas una querella contra los miembros del consejo de administración de Abengoa y la auditora de la compañía, Deloitte, ante la Audiencia Nacional por la presunta comisión de varios delitos societarios, asegura en una nota, informa Ep.

En concreto, los demandantes consideran que ambas compañías han cometido delitos de falseamiento de documentos y de información económico-financiera «sin perjuicio de cualquier otro delito que resulte de las actuaciones que se sigan en la fase instructora». La querella va dirigida nominalmente contra todos los consejeros de Abengoa, así como ex miembros del órgano de administración de la empresa y al socio de Deloitte firmante de las cuentas de 2014.

El importe de las indemnizaciones percibidas por los ex integrantes del consejo de administración también ha recibido importantes críticas. El ex presidente, Felipe Benjumea, percibirá cerca de 11,5 millones tras salir de la compañía en septiembre, mientras que la cifra que corresponde a Manuel Sánchez Ortega, ex consejero, es de casi 4,5 millones.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, anunció ayer que los acreedores públicos de Abengoa (Cesce, ICO, Cofides y Bankia) «tienen instrucciones de analizar» si las elevadas indemnizaciones percibidas por ex altos cargos de la compañía afectan al «interés público». Es «poco presentable» que días antes de solicitar el preconcurso de acreedores, Abengoa dieras esas altas sumas, señaló el ministro desde Valladolid, informa Efe.

Además, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, aseguró que nadie de la dirección de Abengoa puede responsabilizar al Gobierno de la actual situación que vive la compañía, que la pasada semana se declaró en preconcurso de acreedores, ya que es algo que «no tendría fundamento».

Los dos tipos de acciones de Abengoa cerraron ayer su tercera jornada consecutiva de subidas y lograron rebotes del 42,33% (las calificadas como «A») y del 22,29% (las «B»). La capitalización conjunta de la empresa superó los 453 millones de euros.

Source: The PPP Economy