2.700 millones si caen los peajes
Sin tiempo apenas para aterrizar y familiarizarse con los asuntos del Ministerio, el nuevo titular de Fomento, José Luis Ábalos, ya tiene sobre la mesa una cuestión sobre la que habrá de decidir con urgencia: los peajes. El próximo mes de noviembre vence la concesión estatal de la autopista AP-1, que une Burgos con Armiñón. Tras ella, en un lapso de tres años, lo harán otras ocho más: Tarragona-Valencia, Valencia-Alicante, Sevilla-Cádiz, La Jonquera-Montmeló, Montmeló-Papiol, Papiol-Tarragona, Papiol-Molins de Rei y Zaragoza-Mediterráneo. El anterior Gobierno anunció su intención de no prorrogar las concesiones cuando venzan. Su idea era recuperar la gestión de estas autopistas para abordar con posterioridad qué hacer con ellas. Íñigo de la Serna quería pactar su destino en el marco de un gran pacto de Estado de infraestructuras con el resto de partidos del arco parlamentario, pero sus planes se fueron al traste tras la moción de censura que derribó al Gobierno de Mariano Rajoy. Ahora, tendrán que ser Ábalos y su equipo los que tomen una decisión que los socialistas parecen tener clara: levantar las barreras. El pasado sábado, el ministro aseguró en Barcelona que «peleará» para que las concesiones de los peajes se acaben en su fecha de vencimiento.
Eliminar el pago por uso en todas estas carreteras no saldría gratis. Tendría un impacto anual para las arcas del Estado de 1.720 millones de euros, según los cálculos que ha realizado la patronal de las grandes constructoras y concesionarias, Seopan. Sólo eliminarlos de las concesiones que vencen en los próximos tres años costaría a las arcas públicas cerca de 450 millones de euros. El impacto deriva de los gastos de mantenimiento de las vías, de los que ahora se encargan las concesionarias y que ascienden a 184,5 millones de euros. Otros 269,5 millones de euros se derivarían del retorno fiscal–-impuestos pagados por las concesiones– que el Estado dejaría de recibir.
Las concesionarias tenían la esperanza de que el anterior Ejecutivo cediese finalmente al peso de estos números y mantuviese unos peajes blandos en las vías. Al tratarse de carreteras construidas hace muchos años y cuyos costes de ejecución ya están amortizados, consideraban que se podían establecer cánones más bajos y asumibles desde un punto de vista político, destinados exclusivamente a costear los gastos de conservación de la vía. Gobiernos socialistas como el de la Junta de Andalucía, sin embargo, abogan directamente por la eliminación de cualquier peaje.
La factura de los peajes podría ser todavía más onerosa para el Estado en función de la decisión que tome el Ejecutivo sobre las radiales quebradas. Tras la conclusión de los procesos judiciales que liquidaron sus contratos de concesión, la gestión de estas vías ha revertido al Estado, que las controla a través de la sociedad pública Seittsa. De la Serna tenía planeado volver a privatizar su control para recaudar entre 700 y 1.000 millones con los que reducir el impacto de la responsabilidad patrimonial de la administración (RPA). Ésta es la indemnización que el Estado debe pagar a las antiguas concesionarias por haber resuelto con antelación los contratos e impedirles recuperar a través de los peajes la inversión que realizaron.
Una factura de 1.800 millones
El Gobierno de Mariano Rajoy la calculó en la última actualización de sus planes económicos que envió a Bruselas en unos 1.800 millones de euros. Según el calendario que manejaba el Ministerio de Fomento, su licitación debería realizarse este mes para tener adjudicadas las concesiones antes de final de año. De este modo, ingresaría unos recursos con los que dejaría la RPA en entre 800 y 1.000 millones de euros, reduciendo así su impacto en el déficit público.
Source: The PPP Economy